En las horas que siguieron al disparo que acabó con la vida de Renee Nicole Good a manos de un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Minneapolis el pasado 7 de enero, no solo florecieron las protestas en varias ciudades de Estados Unidos, sino también la presencia en las calles de un grupo que evoca uno de los capítulos más intensos de resistencia contra la violencia estatal en la historia reciente de ese país: el Black Panther Party for Self-Defense.
En Filadelfia, bajo la sombra de los edificios del Ayuntamiento, un colectivo que se identifica como parte de esa herencia —y que algunos analistas señalan no tener continuidad organizativa formal con las Panteras de los años sesenta, pero sí con su doctrina de autodefensa— hizo notar su presencia el 8 de enero, armados con rifles y pancartas, reclamando justicia por Good y denunciando lo que llaman “violencia institucionalizada” por parte de ICE.
“Eso no habría pasado si hubiéramos estado allí. Ni una sola persona habría sido tocada”, afirmó Paul Birdsong, autodenominado presidente nacional del grupo con sede en West Philadelphia, mientras junto a otros miembros caminaba entre la multitud de manifestantes. Birdsong, quien también dirige programas comunitarios de ayuda alimentaria en barrios populares, sostiene que la presencia armada es una forma legítima de proteger a la comunidad ante lo que perciben como embestidas del Estado.
Esa combinación de acción social y exhibición de armas —pese a la polémica que genera en amplios sectores del movimiento por los derechos civiles, que abogan por la no violencia— no es gratuita para quienes rodean a este grupo. En el norte de Filadelfia, donde los Panteras han instalado puntos de distribución de alimentos, ropa y artículos de higiene en días recientes, algunos vecinos celebran la solidaridad tangible mientras otros cuestionan si la simbólica presencia de fusiles en pleno centro urbano abre una caja de Pandora en tiempos de alta tensión.
La muerte de Good, una mujer de 37 años cuyo asesinato por un agente de ICE desató un debate nacional sobre uso excesivo de la fuerza y responsabilidad estatal, ha polarizado aún más el ya fracturado discurso público en torno a la actuación de las agencias federales. Mientras algunos representantes del gobierno federal han defendido al agente involucrado —argumentando que actuó en defensa propia—, organizaciones de derechos humanos y liderazgos locales insisten en que el caso debe investigarse como una clara violación de derechos civiles.
Para entender el regreso —o reemergencia— de las Panteras en Filadelfia es necesario mirar hacia atrás, a la década de 1960, cuando el Black Panther Party for Self-Defense surgió como una respuesta feroz al racismo sistémico y a la brutalidad policial, proponiendo la autodefensa armada como herramienta de protección comunitaria y reclamando igualdad de derechos. Hoy, decenas de años después de su desarticulación formal, ese legado —entre mitificado e instrumentalizado— se proyecta de nuevo en medio de una crisis que muchos consideran un retorno de viejas sombras de violencia estatal.
En las esquinas de Filadelfia, entre consignas contra ICE, debates sobre tácticas de protesta y mesas de distribución de alimentos, late una pregunta más profunda: ¿qué queda de las luchas del pasado cuando sus fantasmas regresan en un presente convulso, y qué significa para una sociedad fracturada encontrar una respuesta que honre tanto la memoria como el futuro?