En política, la palabra pesa más que los gestos. Y en momentos de crisis, esa palabra puede ser un salvavidas o una piedra atada al cuello de la sociedad. Lo que dijo el presidente municipal de Cozumel, José Luis Chacón, frente al brutal caso de abuso sexual contra una niña en instalaciones militares, no es un error de comunicación: es un reflejo de la ceguera institucional, de la falta de perspectiva de género y de la ausencia total de cultura de paz que aún campea en la vida pública mexicana.
Lo digo con toda claridad: ninguna circunstancia justifica una agresión sexual. Ni la hora de la noche, ni la condición social de la víctima, ni el hecho de que estuviera trabajando en la calle. Quien agrede sexualmente lo hace porque se siente con poder para hacerlo, porque hay un sistema que lo protege y una cultura que lo justifica. Y, en lugar de confrontar ese sistema, el alcalde eligió la ruta más cobarde: culpar a la víctima y a su familia, regalarle una mochila para tranquilizar la conciencia y dejar intacta la estructura que permitió la violencia.
¿Se da cuenta el edil de lo que significa su declaración? En sus palabras, la niña no fue agredida porque un elemento militar decidió violentarla; fue agredida porque estaba en la calle, porque vendía frituras, porque su familia es pobre. Bajo esa lógica perversa, el agresor es casi un “accidente” y la víctima es responsable de lo que le ocurrió. Eso no es política: es complicidad disfrazada de preocupación.
Y aquí entra la perspectiva de género, que tanto miedo da a muchos políticos porque los obliga a reconocer algo incómodo: la violencia no ocurre en el vacío, ocurre en un entramado cultural donde las mujeres y las niñas son vistas como cuerpos disponibles, y donde las instituciones muchas veces se alinean con el agresor antes que con la víctima. Cuando un alcalde culpa a una menor por estar en la calle de noche, no sólo la revictimiza: envía un mensaje a toda la sociedad de que la violencia sexual es “explicable” bajo ciertas circunstancias. Eso se llama normalización de la violencia, y es un veneno que contamina generaciones enteras.
Pero también está el tema de la cultura de paz. No basta con decir que se apoyará con útiles escolares. Eso es asistencialismo barato, no es justicia. La cultura de paz exige poner en el centro a la víctima, exigir una investigación imparcial, acompañar a la familia con sensibilidad y respeto, y sobre todo, mandar un mensaje firme: en esta ciudad, quien violenta paga las consecuencias. Nada de eso ocurrió. En lugar de levantar la voz contra el Ejército, el edil prefirió señalar a la niña y repartir mochilas como si con eso se limpiara el agravio.
Y mientras tanto, ¿qué pasa con el agresor? Un militar detenido, sí, pero con el telón de fondo de un país donde las fuerzas armadas gozan de privilegios y fueros implícitos. Aquí es donde uno esperaría que el presidente municipal, como autoridad local, se plantara con firmeza frente a la Sedena para exigir un castigo ejemplar. Pero no: eligió el camino cómodo, el del silencio cómplice y el discurso moralista contra la pobreza.
Quiero ser tajante: la omisión también es violencia. Cuando una autoridad minimiza un caso, cuando revictimiza con su discurso, cuando evade señalar al verdadero responsable, lo que hace es perpetuar la impunidad. Y la impunidad es el oxígeno de la violencia de género en México.
Hoy es una niña de Cozumel. Mañana puede ser cualquier otra en cualquier parte del país. Si seguimos tolerando declaraciones así, si seguimos aceptando que los políticos se laven las manos con frases condescendientes y “apoyos” simbólicos, entonces no sólo fracasamos en hacer justicia: fracasamos como sociedad.
El respeto a los derechos humanos no se construye con frases “con todo respeto”. Se construye con decisiones valientes, con empatía real y con un compromiso inquebrantable por proteger a quienes menos poder tienen. Eso es lo que la política debería significar. Todo lo demás, incluidas las mochilas, es basura electoral y complicidad con el agresor.