Una filtración explosiva ha reavivado la crisis de credibilidad en el gobierno de Quintana Roo: de acuerdo con el portal Cancún 365, la administración estatal estaría sumida en un entramado de corrupción, impunidad y tráfico de influencias que alcanza hasta los más altos niveles de la Fiscalía General del Estado. Bajo el mando del doctor Raciel López Salazar, la institución enfrenta acusaciones que podrían dejarla al borde del colapso institucional.
El escándalo y los nombres que salpican la Fiscalía
Según fuentes internas y denuncias en redes sociales, dos piezas clave dentro de la Fiscalía serían operadores de una red corrupta que colabora con el crimen organizado.
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Pedro León “El Toro” Peña, director de la Policía de Investigación (PDI), es señalado como el estratega detrás de maniobras que permitirían la liberación de delincuentes de alto perfil tras recibir sobornos multimillonarios. Se afirma que “El Toro” habría asegurado la liberación del capo conocido como José Luis “El 14” o “El Contador” por un pago de 2 millones de pesos.
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Josué Cárdenas Rosales, jefe de narcomenudeo en la zona norte, aparece como protegido dentro de esa red, con acusaciones previas por delitos sexuales, robos y mensajes amenazantes (“narcomantas”) en Tulum.
Se menciona incluso al personaje apodado “El Marce”, detenido recientemente, cuya liberación habría sido gestionada desde el interior de la Fiscalía.
La fuente anónima consultada dentro de la institución no teme denunciar: “Estamos hartos de ver cómo estos funcionarios se enriquecen a costa de la impunidad”, declara.
La cadena de mando y sus responsabilidades políticas
La lupa no solo apunta hacia “El Toro” o “Josué”: la responsabilidad política recae directamente sobre Raciel López Salazar, titular de la Fiscalía, quien durante años ha sido acusado por aliados y opositores de tener conexiones turbias con grupos criminales.
Además, el Congreso estatal aprobó recientemente una reforma para ampliar el mandato de López Salazar hasta 2036, lo que ha generado señalamientos de que estaría consolidando un poder excesivo al interior del sistema de justicia local.
Las fisuras institucionales: audiencias manipuladas y liberaciones dudosas
Un episodio reciente agudiza la crisis: en una audiencia celebrada el 10 de octubre de 2025, un juez declaró ilegal la detención de “El 14”. La hipótesis es que dicho fallo habría sido influido por acuerdos internos gestionados desde la misma Fiscalía.
Este tipo de decisiones judiciales no son aisladas: durante años han circulado denuncias sobre la “puerta giratoria” en el sistema de justicia de Quintana Roo, favoreciendo acuerdos no transparentes con delincuentes.
Reacciones oficiales y expectativas ciudadanas
Hasta el momento, ni el gobierno estatal ni la Fiscalía han emitido una postura oficial contundente sobre las acusaciones. El silencio oficial alimenta la desconfianza entre ciudadanos que reclaman una investigación externa e independiente.
Por su parte, Mara Lezama ha prometido combatir la corrupción. En diciembre de 2024 entregó un nuevo edificio a la Fiscalía con un discurso que anunciaba “cero impunidad”, señalando que “nadie será intocable”. Sin embargo, estas denuncias ponen en tela de juicio el cumplimiento real de esas promesas.
Las piezas que faltan para armar el rompecabezas
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¿Existen documentos, contratos o auditorías que respalden las acusaciones contra “El Toro” y Josué Cárdenas?
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¿Cuál es el nivel exacto de conocimiento o tolerancia de Raciel López sobre las operaciones internas?
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¿Cómo responderán los órganos de vigilancia estatal (Contraloría, Auditoría Superior) frente a estas denuncias?
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¿Se solicitará la intervención de instancias federales (órganos anticorrupción, Fiscalía General de la República) para validar una investigación imparcial?
La gravedad de las acusaciones exige una respuesta urgente: no solo para restañar daños institucionales, sino para devolver la confianza a una sociedad que observa con ojos críticos. En Quintana Roo, la justicia no puede seguir siendo rehén de intereses oscuros que amenazan su esencia.
Si asoma la sombra de la impunidad sobre la Fiscalía estatal, urge que la luz de la rendición de cuentas la disipe sin demora.