El número impresiona y habla por sí sólo: en Quintana Roo, más del 93% de los delitos cometidos nunca se denuncian o no llegan a convertirse en carpeta de investigación. El dato, confirmado por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024, refleja un sistema de justicia en el que la mayoría de las víctimas no confía. Y es en ese terreno de desconfianza y silencio donde la Fiscalía General del Estado (FGE), encabezada por Raciel López Salazar, intenta mostrar resultados.
Pero detrás de los comunicados oficiales que presumen detenciones y vinculaciones a proceso, se acumulan señalamientos graves: rezagos, revictimización y casos donde familiares de víctimas acusan la fabricación de “chivos expiatorios”.
La cifra negra, una losa sobre la justicia
De acuerdo con el Inegi, solo 6.5% de los delitos estimados en Quintana Roo terminaron en carpeta de investigación en 2023. Entre las principales razones para no denunciar, los ciudadanos señalan la “pérdida de tiempo” y la “desconfianza en la autoridad”. Es decir, la mayoría de las víctimas opta por callar antes que exponerse a un proceso que perciben ineficiente o hasta riesgoso.
Ese desinterés social se retroalimenta con la estructura misma de la Fiscalía: a finales de 2024, la institución arrastraba alrededor de 100 mil expedientes rezagados, un rezago que no solo impide justicia pronta, sino que deja a las víctimas a la deriva.
Casos emblemáticos bajo sospecha
Uno de los ejemplos más citados es el secuestro del empresario Luis Carlos Vizcarra, en Playa del Carmen. Mientras la Fiscalía anunciaba avances, familiares y cercanos denunciaban irregularidades: omisiones en las primeras horas de investigación, falta de claridad en el seguimiento y sospechas de que se desviaron líneas importantes. Medios nacionales y locales documentaron además acusaciones sobre intentos de encubrir a redes criminales más grandes, responsabilizando en cambio a actores de menor peso.
No es el único caso. Diversos colectivos han denunciado que la Fiscalía prioriza detenciones rápidas sobre investigaciones profundas, lo que se traduce en la exhibición pública de supuestos responsables que después resultan inocentes o con procesos mal integrados. En palabras de activistas: “La Fiscalía prefiere mostrar un culpable, aunque no sea el verdadero, a reconocer que no tiene resultados”.
Otro caso que sigue bajo la lupa es el de "Maffer", miembro del gremio taxista que aseguran es víctima de irregularidades y acusaciones sin sustento, sospechando sus familiares de que se trata de un preso político, como parte de un favor de la FGE al diputado local y secretario del Sindicato de Taxistas "Andrés Quintana Roo", Rubén Carrillo.
Revictimización y desigualdad en la atención
El patrón más doloroso, sin embargo, se repite en los casos de desapariciones y violencia sexual. Madres buscadoras y víctimas de violencia de género han acusado directamente a la FGE de revictimizarlas, ya sea por filtración de datos sensibles, trato insensible en las audiencias o simplemente por ignorar líneas de investigación que ellas consideran fundamentales.
La queja central: la Fiscalía no solo falla en perseguir a los responsables, sino que convierte a las víctimas en sospechosas, una práctica que desalienta aún más la denuncia.
Una fiscalía atrapada entre rezago y desconfianza
A los ojos de especialistas, la administración de Raciel López se enfrenta a un dilema estructural: mostrar resultados en un sistema saturado. La presión mediática y política empuja a la Fiscalía a presumir detenciones inmediatas, pero esa dinámica termina alimentando la percepción de irregularidades.
El costo de esa estrategia es alto: cada expediente mal llevado, cada víctima revictimizada, cada inocente procesado como “chivo expiatorio”, abona a la erosión de la legitimidad institucional. Y en un estado golpeado por la violencia, la falta de confianza en la justicia es combustible para la impunidad.
El reto pendiente
Más allá de las cifras y los comunicados, el reto de la FGE de Quintana Roo no se mide en boletines, sino en confianza ciudadana. La pregunta es sencilla y devastadora: ¿qué tan útil es una fiscalía que investiga apenas una fracción de los delitos y que, en los casos que sí toma, enfrenta cuestionamientos sobre la limpieza de sus procesos?
Mientras no se atienda el rezago, se fortalezcan periciales y se integre perspectiva de género en las investigaciones, la justicia seguirá siendo un privilegio para unos pocos. Para la mayoría, seguirá pesando la misma decisión amarga: no denunciar porque, en el fondo, no creen que la Fiscalía sirva para algo más que fabricar culpables.