Como si fuera el último acto de una función prolongada más allá del límite ético, el Delfinario Dolphinaris Barceló, operado por Acuario Arrecifal, bajó definitivamente el telón. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) no solo colocó sellos visibles de clausura, también impuso una multa que supera los 7.5 millones de pesos. Pero lo más importante, quizá, fue el mensaje entre líneas: el entretenimiento no puede seguir justificando la crueldad.
La decisión de Profepa se basó en una serie de hallazgos escalofriantes que violan tanto la Ley General de Vida Silvestre (LGVS) como la NOM-135-Semarnat, la norma que define el trato digno y respetuoso a los mamíferos marinos en cautiverio. Durante una inspección realizada en febrero de este año, las autoridades documentaron maltrato animal, falta de evaluaciones médicas y condiciones ambientales adversas para los delfines.
Uno de los casos más alarmantes fue el del delfín “Mincho”, quien en 2020 se golpeó contra una plancha de concreto durante una acrobacia. El incidente no fue reportado, y eso habla, con una mudez vergonzosa, de una negligencia sistemática. Hoy, Mincho —el más longevo del grupo, con 35 años— está en otro delfinario. Tiene movilidad, pero sufre queratitis crónica en ambos ojos: el izquierdo ha perdido la función y el derecho apenas mantiene un 60% de visión, bajo tratamiento.
Pero más allá del caso de Mincho, lo que revela el expediente es una política de explotación: animales enfermos obligados a interactuar con turistas, ambientes con temperaturas superiores a los 27°C sin control riguroso, y un sistema de manejo sin protocolos médicos sólidos. Una práctica donde el beneficio económico pesó más que el bienestar de los seres sintientes.
La procuradora Mariana Boy Tamborrell fue clara al respecto:
“Cualquier instalación que tiene mamíferos marinos bajo su manejo tiene una serie de responsabilidades que le impone la ley y debe cumplirlas a cabalidad. Reiteramos nuestro compromiso de llevar a cabo acciones contundentes para asegurar el trato digno a los ejemplares de vida silvestre en cautiverio”.
Y sí, la contundencia se traduce también en la vía penal. Profepa ha denunciado a los responsables ante la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que podrían enfrentar penas de uno a nueve años de prisión y multas de hasta 3 mil días de salario mínimo.
La clausura del Dolphinaris Barceló no es solo un caso aislado; es un parteaguas. Un aviso con dientes para una industria que ha lucrado durante décadas con la fascinación de las personas por los delfines. Lo que parecía mágico a los ojos del turismo, es en realidad una cadena de sufrimientos que por fin empieza a romperse.
Hoy, el canto de los delfines ya no debe sonar en estanques de concreto, sino en libertad. Y el eco de este cierre, si somos honestos, debería retumbar en cada parque acuático que siga operando bajo lógicas obsoletas y crueles.
Porque el mar no se domestica. Y los animales silvestres no son juguetes para el ocio humano.