En Quintana Roo la política tiene algo de tragicomedia: cada sexenio estrena villanos y promete redenciones, pero el libreto se repite con tal exactitud que da la impresión de que los actores cambian, aunque la obra sea la misma. El actual gobierno de Mara Lezama ha hecho de la crítica al pasado su estandarte, señalando al exgobernador Carlos Joaquín como el responsable de excesos, desvíos y corrupción. Sin embargo, cuando uno revisa los contratos revelados a través de solicitudes de transparencia, la diferencia entre ambos sexenios es más de estilo que de fondo.
Durante la pandemia, la Secretaría de Salud de Quintana Roo bajo el mando de Joaquín entregó contratos millonarios a empresas sin historial. Ahí está el caso de Vanesa Lizeth Flores Vargas, esposa de un amigo personal del gobernador, cuya compañía fue creada apenas seis días antes de recibir adjudicaciones por más de 424 millones de pesos en insumos Covid. O el episodio de las “empresas fantasma” que facturaron más de 7 millones en servicios inexistentes, a pesar de estar en la lista negra del SAT. Transparencia pura: las facturas existen, pero los servicios nunca se dieron.
El gobierno de Mara Lezama, que prometió poner fin a ese influyentismo, no se queda atrás. En 2022 adjudicó 274 millones de pesos a Romedic S.A. de C.V., una farmacéutica vinculada a amistades del círculo íntimo presidencial, a pesar de estar en listas negras sanitarias. Y en 2023-2024, SESA firmó contratos por más de 520 millones con FMedical S.A. de C.V., ligada al operador político Fernando Padilla Farfán, para el servicio de unidades médicas móviles que, según los registros oficiales, operaron apenas 171 de los 254 días contratados. El pago fue completo, el servicio incompleto.
Y no olvidemos el caso del sargazo, esa otra “plaga” del Caribe. En 2018, con Joaquín al mando, se destinaron más de 200 millones a la empresa ARCO para limpiar playas. La Secretaría de Marina documentó que las embarcaciones trabajaron sólo 28 días de los dos meses pagados. En 2023, el gobierno federal vetó a ARCO por corrupción. Ni un funcionario local fue sancionado.
Lo que muestran estos casos es una continuidad incómoda: los gobiernos cambian de partido, de discurso y de colores, pero la relación perversa con el dinero público permanece. El de Carlos Joaquín justificaba contratos directos “por emergencia sanitaria”; el de Mara Lezama los ampara bajo el discurso de la “transformación” y la cercanía con la federación. Ambos coinciden en algo: los proveedores favoritos, el influyentismo descarado y la falta de consecuencias.
Como ciudadano uno se pregunta qué credibilidad tiene un proceso de licitación en Quintana Roo, si las reglas se tuercen para beneficiar a amigos y aliados políticos. Preocupa que el costo no es solo económico: es político y social. La corrupción en salud, por ejemplo, no significa cifras abstractas, sino camas vacías en hospitales, medicinas que no llegan y comunidades que siguen sin servicios. Y como activista de derechos humanos, insisto: cada peso desviado es una vida en riesgo.
Al final, tanto Joaquín como Lezama se parecen más de lo que aceptan: ambos gobiernos convirtieron la transparencia en un acto de prestidigitación. Publican datos, responden solicitudes, muestran números… pero detrás de esa vitrina la corrupción se mantiene intacta. Y eso, en un estado que presume modernidad turística mientras mantiene rezagos básicos, es quizás la peor de las ironías.