En Tulum la narrativa oficial habla de desarrollo, festivales internacionales y proyección global. Pero tras los escenarios iluminados frente al Caribe, empresarios del sector de entretenimiento describen otra historia: la de presuntos cobros millonarios condicionados a la autorización de eventos masivos. De acuerdo con diversas denuncias de facto, aún no ante la ley, el alcalde Diego Castañón Trejo exigiría entre uno y dos millones de pesos —y en algunos casos hasta tres— para permitir la realización de festivales de música electrónica en el municipio.
Las versiones coinciden en un patrón: cuando la bolsa del evento supera el millón de pesos, la gestión se atiende directamente en la oficina principal del Ayuntamiento. Para espectáculos de menor escala, señalan como intermediario a Sergio Amílcar Canto Contreras, director general de Protección Civil y Bomberos. El mecanismo, según los testimonios, no estaría sustentado en derechos oficiales ni en tarifas públicas, sino en exigencias extraoficiales que condicionan permisos y operación.
La paradoja no es menor. Mientras la iniciativa privada asume la inversión, la logística internacional y los estándares de seguridad para atraer turismo de alto impacto, la autoridad local —afirman los denunciantes— se convierte en un obstáculo oneroso. Tulum no construyó su fama desde la burocracia, sino desde la promoción privada y el interés global por su marca destino. Sin embargo, quienes apuestan su capital aseguran enfrentar un filtro que encarece artificialmente la operación.
El contexto nacional añade una capa de inquietud. El 5 de febrero pasado, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la detención del alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera, junto con tres funcionarios municipales, por su probable participación en el delito de extorsión. La captura formó parte de un operativo coordinado entre Sedena, Marina, FGR y SSPC tras múltiples denuncias ciudadanas.
En ese despliegue —denominado “Enjambre”— también fueron arrestados directores de áreas estratégicas como Seguridad Pública, Catastro y Obras Públicas. Además, tres presidentes municipales del Estado de México fueron detenidos en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión. El mensaje federal fue contundente: la extorsión desde el poder público constituye una línea roja.
Mientras tanto, Tulum enfrenta señales de desgaste económico. En 2025 la ocupación hotelera promedio rondó el 75% anual, con altibajos marcados; el verano apenas alcanzó niveles cercanos al 40%, uno de los registros más bajos en una década. En un destino cuya economía depende del turismo, cualquier práctica que inhiba la inversión privada no solo erosiona la confianza empresarial, sino que compromete la estabilidad de toda la cadena productiva.
Las acusaciones están sobre la mesa. Corresponderá a las autoridades competentes investigar y, en su caso, deslindar responsabilidades. Pero en un municipio que vive de su imagen global, la sospecha de permisos con precio fijo no es un asunto menor: es un riesgo reputacional que puede costar mucho más que cualquier cuota extraoficial.