Hay momentos en la vida pública de un país que no admiten matices, ni propaganda, ni discursos complacientes. Este es uno de ellos. Mientras la gobernadora Mara Lezama recorría obras junto a la presidenta Claudia Sheinbaum —proyectos, por cierto, cuestionados por su impacto ambiental en manglares—, en Cancún se acumulaban historias que deberían sacudir la conciencia de cualquier autoridad con un mínimo de responsabilidad: adolescentes desaparecidas, familias organizándose solas y una narrativa oficial que, lejos de aclarar, parece diluir el problema.
Porque sí, las cifras importan. Y aquí hay dos: hasta 20 adolescentes desaparecidas según colectivos, 16 reportadas oficialmente como no localizadas en apenas una semana. ¿La diferencia? No es el punto central. Lo verdaderamente alarmante es la coincidencia en el fenómeno: en Cancún, en un lapso de siete días, hubo múltiples casos de menores cuyo paradero fue desconocido durante horas o días. Eso, en cualquier sociedad funcional, enciende alarmas. En Quintana Roo, parece que apenas genera boletines.
El argumento institucional es conocido y, francamente, cómodo: muchas ausencias están relacionadas con “problemas familiares” y no hay indicios de delito. La frase es técnicamente posible, pero políticamente irresponsable. Porque reduce un fenómeno complejo a una explicación doméstica y, peor aún, invisibiliza el contexto en el que ocurre: un estado que lidera, sin orgullo alguno, las cifras nacionales en trata de personas.
Aquí conviene detenernos. Quintana Roo concentró alrededor del 26% de las carpetas de investigación por trata a nivel nacional al cierre de 2025. No es una cifra menor ni anecdótica. Es estructural. Es un dato que debería marcar la agenda de seguridad, no ser una nota al pie. Y cuando en ese mismo territorio desaparecen adolescentes —aunque luego aparezcan— la obligación del Estado no es minimizar, sino investigar con una profundidad que hoy simplemente no se está comunicando.
Porque hay algo profundamente equivocado en la lógica oficial: encontrar a las menores no cancela el riesgo al que estuvieron expuestas. Cada hora no localizada es una ventana de vulnerabilidad. Cada caso es una señal de que algo está fallando en los mecanismos de prevención, reacción o ambos.
Mientras tanto, del otro lado, están las madres. Organizadas, cansadas, desconfiadas. “Ya no podemos esperar nada de ellos”, dice una activista. Esa frase debería ser devastadora para cualquier gobierno. No lo es. Se ha vuelto paisaje.
Y ahí es donde entra la dimensión política de fondo. Porque no se trata sólo de seguridad, sino de prioridades. En la narrativa oficial, el desarrollo se mide en obra pública, en inversión, en imagen. Pero en la realidad, el verdadero indicador de un gobierno es su capacidad para proteger a los más vulnerables. Y en ese rubro, Quintana Roo está reprobando con estruendo.
No es menor tampoco el contexto geográfico. Cancún no es cualquier ciudad: es un hub turístico internacional, una puerta de entrada de flujos económicos, pero también —y esto incomoda decirlo— de redes criminales que operan con lógica empresarial. La trata de personas no es un delito aislado; es una industria. Y donde hay industria, hay estructura, complicidades y omisiones.
Por eso resulta francamente ingenuo —o deliberadamente miope— desvincular de tajo las desapariciones temporales de adolescentes de ese ecosistema. No se trata de afirmar automáticamente que todos los casos están relacionados, pero sí de entender que ocurren en un terreno fértil para ese tipo de delitos. Negarlo es, en el mejor de los casos, falta de rigor; en el peor, una forma de encubrimiento institucional por omisión.
Y mientras tanto, el contraste es brutal: manglares intervenidos, obras presumidas, discursos de transformación… y adolescentes desapareciendo. Aunque sea por horas. Aunque “regresen”. Aunque no encajen cómodamente en la narrativa oficial.
La política, cuando se ejerce con seriedad, implica incomodarse con la realidad, no maquillarla. Implica reconocer que hay fallas, que hay zonas grises, que hay datos que no cuadran y que, precisamente por eso, exigen más transparencia, no menos.
Hoy Cancún enfrenta algo más grave que un problema de percepción: enfrenta una peligrosa normalización de lo inaceptable. Y eso, históricamente, es el primer paso hacia crisis mucho más profundas.
Porque cuando un gobierno se acostumbra a explicar por qué no pasa nada, en lugar de demostrar que sí está pasando algo para evitarlo, el problema ya no es solo de seguridad. Es de credibilidad. Y ese, a diferencia de las cifras, es mucho más difícil de recuperar.